20 de diciembre
La disputa por las nuevas formas del trabajo es global y es política. Al impasse de la pandemia y el teletrabajo, se suma la precariedad como característica en todo el mundo, el incremento de trabajadores que, aún con empleo, no superan la línea de pobreza. También la desigual retribución económica por igual tarea y la siempre postergada discusión sobre el trabajo no pago y los cuidados. Una iniciativa progresista recorre desde hace algunos años los programas electorales de la izquierda política y los discursos de algunos sindicatos y organizaciones de trabajadores: trabajar menos, trabajar todes, producir lo necesario, redistribuir todo. En el amplio abanico de posibilidades que esta consigna tiene, una viene calando hondo y se está por convertir en una realidad: la reducción de las jornadas laborales.
Durante este 2022, EE. UU., Canadá, Irlanda, Reino Unido y Australia implementaron parcialmente la jornada laboral de 4 días sin reducción de salario. Los resultados fueron notables: los beneficios de las 33 empresas que participaron de la prueba piloto se incrementaron en promedio un 8%. De los 1.000 trabajadores que participaron, el 97% prefiere esta modalidad y 9 de los 10 emprendimientos mantendrá la reducción horaria en el futuro. El próximo 2023, varios países de la UE confirmaron que impulsarán su propio experimento de jornada reducida a partir de junio. Sin embargo, que hayan sido países del norte político los que impulsaron esta primera toma de contacto con esta modalidad de trabajo sin afectación al salario no es casualidad.
Para aproximarnos a este debate, desde La tinta dialogamos con la economista, periodista e investigadora de CEPAL, Camila Barón. “La jornada laboral de 4 días es una reivindicación muy importante en estos momentos para los trabajadores, es decir, para quienes viven de su salario, y es una discusión que está claramente más avanzada en los países centrales. En Latinoamérica, tenemos altos índices de informalidad y, por lo tanto, esta reivindicación corre el riesgo de ampliar la brecha entre trabajadores registrados y no registrados. Según CEPAL, la tasa de informalidad promedio para América Latina en 2022 se estima en 48,1% y se proyecta un aumento para 2023 que llegaría a 48,4%. Es decir, la mitad de los trabajadores de todo el continente no podrían beneficiarse directamente de esta reducción de jornada.
Por otro lado, es importante pensar qué otras reivindicaciones están antes que la reducción de días. Latinoamérica tiene un problema generalizado por lo excesivamente extensas que son las jornadas laborales. Hay una gran cantidad de países donde se trabaja más de 48 horas por semana (esto es, más de 10 horas al día), ahí la diferencia con Europa es grande. Lo mismo sucede con derechos que se suponían conquistados desde el siglo pasado, como las vacaciones o las licencias pagas”.
El problema del trabajo en la actual fase del capitalismo profundiza los rasgos desiguales preexistentes en cada país y cada región. A diferencia de las crisis de finales del siglo pasado, ahora, el problema no es la desocupación, sino la ocupación precaria. Al prolongado desmoronamiento del mercado de trabajo como lo conocíamos, se le suman las particularidades nacionales en cada país latinoamericano. ¿Cómo podría, entonces, la reducción de horas impactar positivamente en la economía de una de las regiones más desiguales del mundo? Si la alta informalidad excluye a quienes trabajan, pero no son considerados trabajadores, ¿hay que ampliar el concepto de trabajo?
Según Barón, “es necesario analizar este tipo de propuestas en cada territorio y en función de cuáles son las prioridades que cada sociedad tiene. En América Latina, las largas jornadas laborales (considerando trabajo remunerado y no remunerado) afectan más a las mujeres. Tanto las jornadas máximas legales como las jornadas reales son muy largas y una gran proporción de hombres y mujeres trabajadoras supera el límite máximo legal. Según datos de CEPAL de este año, entre la población ocupada de 20 a 64 años de edad, se observa que, si bien la semana laboral de las mujeres es más corta que la de los hombres (varía entre 0,7 horas semanales para el grupo de 55 a 69 años en Costa Rica y 18,3 horas semanales para el grupo de 30 a 34 años en el Perú), en promedio, alcanza a alrededor de 40 horas, es decir, corresponde a una semana laboral completa.
Sin embargo, la mayor diferencia en la asignación de tiempo corresponde al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, al que las mujeres dedican entre 6,3 y 29,5 horas más por semana que los hombres. Esto hace que, en todos los países y todos los grupos de edad, la carga total de trabajo de las mujeres sea superior a la de los hombres, con diferencias que varían entre 2 y 20 horas semanales. Entonces, cabe la pregunta, en estas latitudes, ¿deberíamos avanzar en la reducción de la jornada semanal a 4 días o en la reducción de las jornadas diarias y en la inversión en infraestructura de cuidados para que sea posible reducir la jornada de trabajo no remunerado?
Fuente: La Tinta.