Política

Guatemala. Intentan encarcelar de nuevo a Leily Santizo, ex mandataria de Comisión Internacional contra la Impunidad

20 de octubre

El acoso no para. El Ministerio Público anunció a primera hora del miércoles 19 de octubre que ha girado una nueva orden de detención contra Leily Indira Santizo tras allanar su vivienda en la zona 11 de Ciudad de Guatemala por segunda vez en un año. Como parte de este caso, el Ministerio Público MP anunció también una nueva orden de detención contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval, que suma cuatro del 2021 para acá.

Ya la habían metido presa. Cuando estuvo en la cárcel la amenazaron de muerte y la fotografiaron sin su permiso. Durante una audiencia intentaron agredirla. La acosan en redes sociales. Todo eso no ha bastado: el Ministerio Público de Consuelo Porras vuelve a perseguir a Leily Santizo, esta vez los fiscales se basan, supuestamente en información extraída de un celular, según el MP.

Quien acusa en el primer caso a Leily Indira Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es, además del MP que dirige Consuelo Porras, la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

Los detalles del nuevo caso contra Santizo no son conocidos, debido a la reserva decretada por el tribunal -la que según la defensa de Santizo no ha aplicado a los querellantes. Sin embargo, algunos medios guatemaltecos han publicado pistas, además de cuentas netcenter. En términos generales, se acusa a la exmandataria de CICIG de cometer un delito por pedir a la jueza Erika Aifán juntar causas penales en la que Santizo actúa como defensora de la exfiscal Siomara Sosa, acusada a su vez de obstruir la justicia por utilizar tres colaboradores eficaces -testigos especiales- en el caso de sobornos otorgados por la constructora Odebrecht a funcionarios y empresarios guatemaltecos del más alto nivel.

Según testimonios, para mantener la persecución contra Santizo, el MP ha dado información privilegiada a la FCT, querellante privado en un caso abierto a instancias de la Fundación, mientras la niega a Santizo, la acusada. El objetivo último, según esta información, es tergiversar mensajes y conversaciones extraídas de un teléfono celular decomisado a Santizo para montarle un nuevo caso espurio.

Las fiscales asignadas al caso contra la exmandataria de CICIG se han negado a dar a Santizo el informe forense elaborado tras el vaciado del celular que le confiscaron el 10 de febrero de 2022, cuando la arrestaron por la acusación promovida por la FCT. Información extraída de ese teléfono, sin embargo, ha aparecido en redes sociales de Twitter usando cuentas anónimas.

Un operador judicial que tuvo relación con CICIG y un funcionario de la administración Biden en Washington han confirmado a Prensa Comunitaria que el MP de Porras pretende utilizar parte de esa información para ampliar la acusación penal contra Santizo y generar la nueva orden de captura, con el fin de confinarla a la cárcel, como ya hizo con Virginia Laparra, una exfiscal anticorrupción que ya lleva siete meses presa en detención provisional.

En julio, la defensa de Santizo interpuso una denuncia penal contra las fiscales Nora Liceth López Zamora y Vilma Pérez Pineda, y contra Méndez Ruiz y Falla, a quienes acusó de revelación de información confidencial o reservada y de obstrucción de justicia. El fondo de la denuncia es que fiscales y querellantes se confabularon para armar más acusaciones a Santizo mientras le negaban a ella su derecho de defensa.

La exmandataria incluyó en su denuncia a los administradores de las cuentas de Twitter @_VaderGT y @Eriol_GT, cuyos IP e identidades Santizo pidió al MP ubicar. En 2018, antes de ser cancelada por el expresidente Jimmy Morales, la CICIG presentó un informe sobre netcenter y cuentas de redes sociales utilizadas para amedrentar a investigadores de la comisión, periodistas y operadores de justicia; en ese reporte aparecen los dos usuarios denunciados por la abogada Santizo.

Santizo denuncia el caso específico de la información extraída de un teléfono celular que ella entregó al Ministerio Público, de forma voluntaria, el día que la arrestaron en febrero de este año. Durante cuatro meses, la exmandataria pidió a las fiscales López Zamora y Pérez Pineda que le entregaran copia del informe INFOR 22-364 INACIF 22-22174, elaborado tras el vaciado del celular. Y durante cuatro meses las agentes de la fiscal general Porras negaron a Santizo la información con varias excusas.

La fiscal Pérez Pineda indicó a Santizo que solo tendría acceso a información de forma física en la fiscalía y que no se le entregaría copia digital “para evitar que las comunicaciones o el contenido de estas fuera filtrado a redes sociales o medios de comunicación”. Sin embargo, alega Santizo en su denuncia, “de manera reiterada y sistemática se ha revelado información reservada o confidencial a los querellantes adhesivos… quienes constantemente realizan publicaciones sobre la información del proceso, que se encuentra bajo reserva”.

De hecho, en varias ocasiones el MP ha negado información a Santizo alegando que el proceso en su contra está bajo reserva desde el 10 de febrero de 2022, día en que la abogada fue detenida. Para la defensa de Santizo, que el MP utilice ese argumento para negarle información atenta contra el Artículo 12 de la Constitución, que garantiza como inviolable el derecho a la defensa y, por ello, el acceso a “todas las actuaciones y diligencias que se practiquen por parte del Ministerio Público”.

¿Cuál es la lógica de la persecución a Santizo?
Las filtraciones a FCT empezaron el día del arresto del Santizo. Aquel 10 de febrero, la Agencia 5 de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, ordenó hacer efectiva la orden de arresto anexa al expediente MP001-2022-4389, el cual fue abierto por denuncia que interpuso la fundación de Méndez Ruiz. Antes de que esa orden de arresto fuese ejecutada, cerca del mediodía, ya el director de FCT, el abogado Falla y otras cuentas apócrifas tuiteaban sobre la inminente captura de Leily Santizo.

En su denuncia por revelación de información reservada Santizo enumera seis ocasiones en que las cuentas netcenter tuitearon información del caso, a pesar de la reserva en que este se encuentra. La ley guatemalteca, cuando un caso tiene reserva, restringe el acceso al mismo a las partes procesales y prohíbe, bajo pena de proceso penal, la publicidad de cualquier tipo, que es precisamente lo que la FCT hizo. Más aún: la única forma de que los querellantes tuviesen acceso a la información es a través de las fiscales asignadas al caso, por eso Santizo las incluyó en su denuncia.

Las cosas tomaron un giro el 18 de julio de 2022, cuando las cuentas netcenter empezaron a tuitear amenazas a Santizo de que poseían información basada en los datos extraídos al teléfono celular de la exmandataria de CICIG por orden del Ministerio Público. Las amenazas incluían a terceros no vinculados al proceso inicial contra Santizo, como el exjefe de FECI Juan Francisco Sandoval o la jueza Erika Aifán, ambos exiliados en Washington tras ser perseguidos por Consuelo Porras y el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Santizo solicitó a las fiscales López Zamora y Pérez Pineda acceso irrestricto al expediente del vaciado telefónico, pero las subalternas de Porras y Curruchiche lo negaron. Primero utilizaron excusas tecnológicas; dijeron que el MP no cuenta con dispositivos de almacenamiento digital para proporcionar copias a Santizo. La abogada, entonces, proveyó los dispositivos, pero aun así la fiscal López Zamora dio largas al asunto. Finalmente, el MP respondió que no daría copias del informe de datos extraídos del teléfono para resguardar la reserva del caso.

No es, el de Leily Santizo, el único caso en que FCT tiene información privilegiada filtrada por el MP de Porras. Ocurrió también a finales de julio en el caso del periodista Jose Rubén Zamora, director de elPeriódico. El periodista está por cumplir tres meses en prisión luego de que el MP ordenó su captura a finales de julio pasado.

Poco antes de las 5 de la tarde del 29 de julio, elPeriódico anunció en sus redes sociales que el MP y la Policía Nacional Civil habían allanado la casa de Zamora. FCT lo sabía desde antes: el director de la fundación tuiteó al respecto a las tres y media de la tarde. Luego, Méndez Ruiz anunció que a Zamora se le procesaría por lavado de dinero, algo que el MP confirmó en la boca del fiscal Curruchiche hasta horas después. FCT anunció que, en este caso, también se presentaría como querellante.

Méndez Ruiz y su fundación, a través del abogado Raúl Falla, han sido la punta de lanza de varios procesos judiciales contra operadores de justicia como Santizo. En la lista de perseguidos por este también están, también, la jueza Erika Aifán, la exmagistrada Gloria Porras y el juez Miguel Ángel Gálvez, contra quienes FCT interpuso solicitudes de antejuicio. Además de Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción quien lleva siete meses presa en condiciones que han sido denunciadas como tortura.

Santizo no tiene duda de las causas: “La actividad laboral desarrollada en la CICIG motivó que organizaciones que se encontraban en contra del mandato de la CICIG me amenazaran y coaccionaran de todas las formas posibles, con la finalidad de que no litigara los casos y así poder manipular un frágil sistema de justicia como el guatemalteco”.

Acoso continuado
Leily Santizo tiene una incrustación de titanio en el cuello desde el día de 2018 en que el abogado de un clan de narcotraficantes estrelló su carro en el vehículo en que la abogada se conducía. Fue una de las primeras veces que vio de cerca a la muerte. Ella había salido de trabajar y se dirigía a su casa en Ciudad de Guatemala cuando el abogado de Los Mendoza, familia de narcotraficantes de Izabal y Petén, la embistió. Era el primer aviso.

Otra amenaza de Los Mendoza, igual de macabra, llegó en febrero de 2022 en la cárcel de Mariscal Zavala, donde Santizo estaba presa por el caso que le abrió la FCT y que el MP de Consuelo Porras tramitó en tiempo exprés (poco más de una semana pasó desde la denuncia hasta la captura). Matones al servicio de los narcotraficantes vapulearon al trabajador de una ONG que llevaba comida a la exmandataria de CICIG a la cárcel y le dejaron, con el golpeado, una advertencia: que la iban a hacer “pedacitos”.

El clan de Los Mendoza es uno de los grupos de narcotráfico más importantes en la historia reciente de Guatemala. Desde su base de operaciones en Morales, departamento de Izabal, al noreste del país, el clan controló casi de forma absoluta el tráfico de cocaína que entraba desde las montañas de Copán, en el occidente de Honduras. Buena parte de su poder se basó en las conexiones con políticos locales, cuyas campañas electorales financiaron, y con grandes multinacionales mineras, a cuyas plantas servían con negocios de transporte pesado que utilizaron como fachada para mover la droga. Leily Santizo fue una de las investigadoras de CICIG que más a fondo conoció la estructura criminal de Los Mendoza y sus exposiciones en las cortes guatemaltecas fueron esenciales para poner a varios de ellos en la cárcel, los mismos que, en febrero de 2022, la amenazaron con descuartizarla.

Cuando fue mandataria de CICIG, Leily Santizo tocó a otro poder, igual de peligroso que el de los narcos de Izabal, el del expresidente Jimmy Morales. Ella fue la responsable de investigar a los hermanos Melgar Padilla, uno de ellos militar, ambos cercanos a Morales y parte de su círculo íntimo.

A estas personas atribuye la abogada la autoría intelectual de la persecución que ha vivido a lo largo del año: “Son personas que tienen nexos con el narcotráfico, altos funcionarios del gobierno en el Ministerio de Defensa, en el Órgano Ejecutivo y en el sector empresarial, quienes pagan sus servicios de sicariato judicial y criminalización en contra de operadores de justicia que laboramos para CICIG y la FECI”, dice.

El nuevo intento de persecución contra Leily Santizo, a manos de la FCT y el MP, ocurre en momentos en que ambos, Consuelo Porras y Ricardo Méndez Ruiz, en los que hay ataques contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien diligenció también casos importantes de crímenes atribuidos a militares y grandes esquemas de corrupción en los tiempos de CICIG, casos como el Diario Militar, que incluye a un alto ejecutivo de la empresa Cementos Progreso. La fundación promovió un antejuicio contra Gálvez y, como en el caso de Santizo, desde sus cuentas en redes sociales la fundación ha amenazado con cárcel al juzgador.

Fuente: Resumen Latinoamericano.

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