Política

Guatemala. Crímenes contra la humanidad en riesgo de quedar impunes por acciones de grupos conservadores

5 de octubre

En 2022, varios casos de justicia transicional llegaron a los Tribunales, procesos que se han ido desarrollando en medio de una arremetida de varios grupos en contra de los esfuerzos para juzgar crímenes de lesa humanidad, en los que los principales acusados son militares o personas que participaron en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

Estos procesos que están en tribunales o que ya han tenido sentencia, están en peligro de ser desbaratados por una serie de acciones que vienen de diversos actores, desde grupos afines a militares y desde el Congreso. El objetivo, buscar el cese de la persecución penal de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.

Las acciones van desde el desbaratamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), hasta las denuncias contra jueces cuyas resoluciones han favorecido a las víctimas, como el caso del juez Miguel Ángel Gálvez, denunciado por la Fundación contra el Terrorismo, luego de que enviar a juicio a nueve militares retirados y expolicías por el caso Diario Militar, sobre detenciones y desapariciones forzadas de 183 militantes de la guerrilla, entre 1983 y 1985.

La Fundación contra el Terrorismo, afín a grupos militares, presentó una denuncia en su contra que fue tramitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que ahora está avanzando con una pesquisa de un juez designado, Roaldo Isaías Chávez, también afín a militares, quien recomendará a la Corte si debe retirarle la inmunidad o no al juez.

Gálvez ha conocido varios casos de justicia transicional en su juzgado, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, como el caso por genocidio donde estuvo acusado el general Efraín Ríos Montt; otro caso de genocidio donde estaban acusados Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército; el general Manuel Callejas y el coronel César Octavio Noguera, ya fallecido, y los casos de Mujeres Achi y Sepur Zarco.

A principios de junio, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, un órgano que actúa como comisionado del Congreso, presentó una denuncia en contra de la fiscal Elena Sut, de la Fiscalía de Derechos Humanos y en contra de la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, por supuestos delitos de abuso de autoridad, tortura y simulación del delito.

Dicha Oficina señala a Paz y Paz de haber dado una instrucción en el MP para investigar las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, lo cual, según el relator contra la Tortura, Lester Castellanos, era ilegal, ya que emitir dichos reglamentos solo le competen al Congreso.

Además de la denuncia en contra de la fiscal Sut, el 30 de junio de 2022, el día que en Guatemala se conmemora al ejército, el MP anunció la destitución de Hilda Pineda, una fiscal que forjó su carrera en la Fiscalía de Derechos Humanos donde trabajó por 10 años. Ya en noviembre del 2021, Pineda había sido trasladada a otra Fiscalía.

Miguel Itzep, del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, señala que lo que se está viviendo en Guatemala es un retroceso que no solo les preocupa a ellos como sobrevivientes de estas graves violaciones durante la guerra, sino porque también tiene una repercusión en materia de justicia para la población, porque lo que se busca realmente es la captura del sistema de justicia y del Estado.

Con esto lo que se pretende es que los responsables de crímenes de lesa humanidad queden impunes y legalizar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, anotó Itzep.

El Congreso busca impunidad para crímenes de militares
Sumado a esas acciones en contra de fiscales y exfiscales, que ha conducido al desbaratamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos, en el Congreso de la República hay dos iniciativas de ley que buscan amnistía para los militares que participaron en crímenes como masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y posturas como las de la diputada Lucrecia de Palomo, del partido Valor, quien considera a los militares acusados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado como “héroes de guerra”.

Para el abogado Oswaldo Samayoa, argumentos como el de la diputada Palomo están basados en una posición ideológica radical, que no es compartida por el derecho internacional actual ni por el derecho nacional.

Hoy el derecho internacional reconoce que en la paz y en la guerra hay reglas, ni siquiera en la guerra ni en situaciones extremadamente graves hay ciertas actitudes que se permiten, como las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas; esto también lo reconoce la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, dijo el abogado.

Las iniciativas de ley en el Congreso, que buscan la amnistía para militares son la 5920, “Ley de Consolidación de la Paz y la Reconciliación”, impulsada en 2021 por diputados afines al partido Valor, liderado por la exdiputada Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, quien fue procesado y condenado por genocidio en 2013.

También la iniciativa 6099, “Ley de Fortalecimiento para la Paz”, que está siendo impulsada por los diputados Manuel Conde Orellana, Boris España, Todos, Javier Hernández y José Alberto Sánchez Guzmán, todos ellos conocidos por formar parte del llamado “pacto de corruptos”. Conde Orellana acompaña al presidente Alejandro Giammattei en giras, con vistas a ser el próximo presidenciable del partido oficial VAMOS.

Un análisis jurídico de Familiares y Amigos en contra de la Delincuencia (FADS), señala que de aprobarse dichas iniciativas, quedarían impunes graves violaciones a los derechos humanos en al menos diez casos que se encuentran ahora en Tribunales, siendo estos: Genocidio Maya Ixil 1978-1982 y 1982-1983, Masacre de Las Dos Erres, Diario Militar, Creompaz, Masacre de Xamán, Masacre de Tululché, Caso Mujeres Achi (ya con condena), Caso Tactic y Caso Molina Theissen.

Según el derecho internacional de los derechos humanos la figura de la amnistía es inadmisible si tiene como efecto dejar impunes las graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, las desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad y el genocidio, es una de las conclusiones del análisis de FADS.

En febrero de 2021, una ley que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, la iniciativa 5377, fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC). Uno de los puntos de la resolución es que ordena al Congreso que no puede continuar con este tipo de discusiones ya que este tipo de iniciativas es contraria a los Acuerdos de Paz.

De acuerdo con el abogado Samayoa, este tipo de iniciativas son inconstitucionales e inconvencionales, totalmente contrarias al derecho internacional, que solo sirven para que las y los diputados manifiesten su compromiso radical, aunque saben que no proceden. Es en el contexto de estos marcos politiqueros, agregó.

Estrategia desde varios frentes
Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, identifica varios frentes detrás de estas acciones. Definitivamente hay una estrategia que incluye acciones de orden jurídico y medidas legislativas con el fin de cesar la persecución penal de militares que participaron en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado interno, dijo.

Casos como Diario Militar que se reactivó el año pasado y que condujo a varias detenciones de militares retirados y expolicías hacen reaccionar a grupos que operan en diferentes instituciones del Estado y que tratan de favorecer a los militares, indicó Ibarra.

Uno de estos actores es la Oficina Nacional contra la Tortura. Lester Castellanos, Relator titular contra la Tortura, expuso el 28 de septiembre durante una citación en la Comisión de Finanzas del Congreso, que presentaron una denuncia en contra de Claudia Paz y Paz, exfiscal general del MP, y la fiscal Elena Sut, que llevaba el caso Diario Militar, cuando la diputada Palomo le preguntó qué acciones había tomado dicha oficina respecto a los “tratos inhumanos” en contra de militares que están siendo juzgados.

“Se hizo un análisis jurídico, ella usurpó atribuciones del Congreso, porque creó un reglamento específico para juzgar crímenes de guerra, como que si fuera Ley del Congreso” dijo el exjuez que también denunció a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, actualmente en prisión preventiva.

Sobre esta denuncia, el abogado Samayoa indicó que debería ser improcedente. “Dentro del Código Penal existen dos tipos penales, uno de genocidio y otro de delitos contra los deberes de humanidad y ambos delitos, de acuerdo a la propia exposición de motivos del Código Penal, dice que responden a la doctrina internacional de proteger a los seres humanos de estas graves violaciones, por lo tanto la Fiscal actúa en el mandato de estos dos artículos” dijo.

A decir de Samayoa, estas acciones son una pérdida de tiempo en el marco jurídico del derecho, pero en el marco ideológico político podría ser útil para ellos, sobre todo a miras a las elecciones generales de 2023.

Ibarra identifica que además de la estrategia en el Congreso también se usa la vía administrativa y penal. Desde la Oficina Nacional contra la Tortura se impulsan dictámenes e informes que buscan la amnistía para militares y expatrulleros.

Unos aportan las iniciativas de ley, otros el fundamento técnico jurídico, y otros la persecución penal de los fiscales y jueces que están tramitando o gestionando este tipo de casos, dijo Ibarra, quien identificó con esto el desmantelamiento de la Fiscalía de DDHH, las acciones legislativas que promueven amnistía y las acciones administrativas desde la Oficina Nacional contra la Tortura.

En tanto, Itzep señaló que los actores que están impulsando esto son partidos políticos que controlan todo en el Gobierno, militares y afines que están detrás del Estado como la Fundación contra el Terrorismo y la misma fiscal general, Consuelo Porras, a quien llama defensora de esta alianza.

Según dijo, Porras está persiguiendo penalmente a activistas de derechos humanos, fiscales y jueces y la evidencia más clara son los operadores de justicia que están en el exilio.

Ahora Itzep teme que esta persecución también alcance a las víctimas que han impulsado los procesos en tribunales. Nos preocupa que los pasos mínimos que se han logrado se anulen, esto para las víctimas no solo es solo un retroceso, sino un peligro porque la revancha va a venir en contra de los testigos, manifestó.

Casos de justicia transicional en tribunales que podrían ser afectados
Estos son algunos casos de justicia transicional que están en Tribunales en 2022, algunos de los cuales están en suspenso, como el Diario Militar, otros en fase intermedia y juicio, que podrían ser afectados por las acciones del Congreso, del MP y de los mismos militares.

En enero, mujeres Achi del departamento de Baja Verapaz que fueron violadas por patrulleros lograron una importante condena en contra de cinco exmiembros de las PAC cuando el Tribunal de Mayor Riesgo A dictó una sentencia de 30 años de prisión para cada uno. Sin embargo, esta sentencia ha sido apelada por los condenados e incluso por el mismo Estado, por medio de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que se niega a reparar a las sobrevivientes.

En febrero, ocho expatrulleros de Autodefensa Civil (PAC) y un coronel retirado del ejército, fueron detenidos por su presunta participación en una masacre realizada en junio de 1982 en la aldea Pacoj, municipio de Santa Cruz, El Chol. Este caso conocido como Rancho Bejuco llegó al juzgado de la exjueza Erika Aifán, quien tuvo que salir del país debido al hostigamiento del que fue víctima siendo jueza de Mayor Riesgo.

En el caso de la masacre de las Dos Erres, Alfonso Bulux, un exkaibil detenido en Belice en 2021, fue enviado a juicio por su presunta participación en la masacre en diciembre de 1982, perpetrada en el parcelamiento del mismo nombre donde una patrulla kaibil mató a 200 personas. Otros exkaibiles, José Mardoqueo Ortiz y Gilberto Roldán también esperan juicio.

En mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a nueve militares retirados y expolicías que habrían estado atrás de las detenciones ilegales y desapariciones forzadas de militantes de la guerrilla, entre 1983 y 1985. Además, fueron detenidas tres personas más acusadas de participar en los hechos, ellos son Toribio Acevedo Ramírez, exjefe de seguridad de Cementos Progreso, el exsargento Alix Leonel Barillas Soto y el expolicía Malfred Orlando Pérez Lorenzo.

El caso por la masacre de Xamán actualmente está en fase de juicio en el Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Alta Verapaz. Esta masacre se cometió el 5 de octubre de 1995 en la finca Xamán, Chisec, Alta Verapaz, cuando soldados asesinaron a 9 comunitarios e hirieron a 29 más.

El Caso por Genocidio, en el que está acusado Luis Enrique Mendoza, exjefe de operaciones militares y jefe de Operaciones del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. En septiembre pasado, el Tribunal Primero de Sentencia Penal y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala programó el inicio del juicio por genocidio para el 4 de junio de 2024.

La Masacre de Panzós está siendo conocida por el Juzgado de Mayor Riesgo A, que escuchará a los testigos de los hechos cometidos por el ejército el 29 de mayo de 1978 en el municipio de Panzós, Alta Verapaz, donde masacraron a 54 personas. Aunque en este caso no hay acusados todavía, el Juzgado escuchará a los testigos en calidad de prueba anticipada.

Fuente: Prensa comunitaria.

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