Política

Guatemala. Autoridades indígenas exigen derogar acuerdo que busca imponer un nuevo impuesto al comercio informal

25 de marzo

Desde tempranas horas de la mañana de este 22 de marzo, un grupo de personas provenientes de distintos territorios, marcharon por las calles del centro histórico de la ciudad de Guatemala. El objetivo era presentar un memorial en diferentes instituciones del Estado para exigir la derogatoria del acuerdo 245-2022 y de la iniciativa de ley 6165, pues, a su criterio afectará gravemente la economía de los pueblos originarios, al establecer un nuevo impuesto al comercio informal.

Representantes del pueblo Ixil, del Parlamento Xinca, de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Alcaldía Indígena de Sololá se presentaron como Alianza Nacional de los Pueblos Indígenas y en una sola acción presentaron un memorial en la Secretaría Privada de la Presidencia y luego con diputados del Congreso de la República, en donde exigieron de inmediato la derogatoria de estas leyes; dieron un plazo de 48 horas para obtener respuesta positiva, de lo contario llamarán a un paro nacional, indicó Misrahí Xoquic Chiroy, alcalde indígena de Sololá.

“Hacemos un llamado a los mercados cantonales, a la Terminal, al CENMA (Central de Mayoreo), que se levanten todos porque estas leyes nos van a afectar directamente, quieren cobrar más impuestos para sus grandes salarios, para la corrupción” dijo el alcalde frente al Congreso.

Por su parte, Edgar Tul, síndico de esa Alcaldía también indicó que solicitan la destitución del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que los identifican como responsables de esta política tributaria que afecta directamente al comercio informal.

El Acuerdo Gubernativo 245-2022 que entró en vigor el 14 de enero de 2023 establece que no se podrán facturar como “consumidor final” (CF) aquellas transacciones comerciales mayores a Q2,500.00. Asimismo, los pagos por servicios básicos de electricidad, agua potable o telefonía que no excedan los Q500.00; y quien no posee el Número de Identificación Tributaria (NIT), deberá facturar con su número de DPI, Documento Personal de Identificación. Obligando con esto a quienes se dedican al comercio informal a inscribirse al sistema tributario.

“Estas regulaciones violentan los derechos de los pueblos indígenas obligándonos a la identificación tributaria, en consecuencia, se pretende obligar a nuestras formas propias de organización, a inscribir en registros públicos nuestra personalidad jurídica a cambio de no dejarnos fuera del sistema tributario”, destaca el memorial que entregaron a la presidencia de la Junta Directiva del Congreso.


Representantes de la Alianza Nacional de Pueblos Indígenas se reunieron con diputados para plantear sus demandas. Crédito: Juan Rosales

Mientras con la iniciativa 6165, los congresistas pretenden aprobar la llamada ley de regularización e incorporación de los sectores productivos primario, pecuario, bovino e informal al sistema tributario; la misma fue rechazada por la alianza de autoridades, puesto que impone el cobro de impuestos a un sector, que anteriormente estaba protegido para que los precios de la canasta básica no aumenten. Esta iniciativa fue discutida por el pleno del congreso el 16 de noviembre del 2022.

“La iniciativa no responde a una verdadera política fiscal que contribuya a aumentar la recaudación tributaria, sino al mantenimiento de los privilegios y exenciones de los grandes capitales que manipulan a su antojo a este corrompido gobierno, vulnerando los principios constitucionales de igualdad y capacidad de pago”, insistieron.

El próximo viernes 25 de marzo se cumplen las 48 horas que la Alianza Nacional de Pueblos Indígenas otorgó a las autoridades de Gobierno para responder a sus demandas, para esa fecha anunciaron, que de no conocerse alguna respuesta positiva por parte de las autoridades, pues irán a un paro nacional que iniciaría el próximo lunes 27.

Fuente: Prensa Comunitaria.

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