Política

“Estado de indefensión”: en la potencial prisión de Cristina se aloja un plan antidemocrático

6 de diciembre

Desde que Cristina Fernández de Kirchner gobernó este país, la derecha argentina y mundial, especialmente los Estados Unidos a través de su embajada colonial y de aliados como Mauricio Macri y toda la herencia civil cómplice de la última dictadura militar que no ha sido juzgada en juicios de lesa humanidad (desde empresarixs, abogadxs y vecinos de tu barrio), no han tenido dudas en hostigar, amenazar a su familia y a militantes kirchneristas, perseguirla e intentar encarcelarla hasta asesinarla.

De hecho, todavía nada se ha esclarecido sobre el intento de femi-magnicidio a Cristina porque no se investiga ni apuesta a su condena. Sin embargo, se sabe que existen 17 millones de pesos que fueron entregados desde un Fideicomiso del empresario Nicolás Caputo hacia una cuenta de un integrante del grupo civil acusado de tener vinculaciones con el hecho. Los mismos sujetos que ya habían intentado incendiar la Casa de Gobierno y que llegaron con bombas molotov a la casa de Cristina.

Podríamos seguir analizando miles los ejemplos de lo que se constituye como otro capítulo de la historia de persecución política de la derecha hacia sus adversarios: tapas de revistas Noticia que violan la ley contra la violencia de género, donde se la muestra como una adicta al poder que goza sexualmente con el sometimiento; los programas de televisión donde dicen que padece enfermedades mentales; mentiras sobre su patrimonio y el de sus hijes; y especialmente intentos de anular su candidatura a cargos institucionales a través del poder político judicial y de causas por robo o malversación de fondos ficticias.

La última causa con la que persiguen a la actual vicepresidenta fue presentada por el exfuncionario del gobierno de la Alianza PRO-Cambiemos, Javier Iguacel, a cargo de la Dirección Administrativa de Vialidad, diciendo que existían irregularidades como sobreprecios, que nunca se comprobaron, en la ejecución de las obras viales que se habían adjudicado en la provincia de Santa Cruz en el período de su gobierno.

Los medios de prensa dominantes, siempre listos para abonar y promover la post-verdad, publicaron cientos de notas falsas al respecto, evidenciando lo que a nivel regional ya hemos identificado como lawfare, una forma de guerra jurídica en alianza con los medios de comunicación, que permite destituir a presidentxs populares. No olvidemos lo que sucedió con Dilma y Lula en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador y todo el entramado judicial detrás del golpe a Evo Morales.

Rita Segato advirtió hace mucho que estamos viviendo en un periodo de dueñidad, un mundo marcado por “el señorío”; de dominio sobre los cuerpos, las mercancías, los bienes naturales comunes y las vidas de los cuerpos feminizados. Que es resultado de una aceleración en la concentración de la riqueza y de la expansión de una esfera de control de la vida, donde quienes detentan el poder son la alianza mediática-judicial-empresarial y religiosa del mundo globalizado. Por su parte, Jorge Alemán viene comentando el modo en que la derecha se radicaliza en el mundo y deja sin espacio para políticos de centro derecha-izquierda o posturas menos fascistas o radicalizadas.

De a poco el escenario social se polariza entre quienes quieren que el mundo sea una maquinaria de exclusión y concentración de la riqueza y quienes intentan que el Estado retorne a algo similar a lo que conocemos como Estado de Bienestar.

¿Qué quieren que suceda este 7 de diciembre?
El llamado 7D del año 2012 se sancionó la plena vigencia de la Ley de Medios en Argentina, posterior a un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Buenos Aires que había beneficiado al monopolio Clarín, extendiendo el plazo de la medida cautelar presentada para no adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este evento no es solo anecdótico, porque tanto la regulación de los medios de comunicación como de internet y la reforma judicial son deudas de la democracia que estamos padeciendo. No olvidemos que la ley de medios declara la actividad de los mismos como de interés público, promoviendo el desarrollo de esta actividad social pero salvaguardando el derecho humano a la información y a la libertad de expresión. Lo mismo se intentó desde el gobierno actual con internet, pero los monopolios en articulación con el poder judicial truncaron la iniciativa.

Quieren fallar contra Cristina e impedir que pueda postularse a las elecciones de 2023, en un guiño mafioso entre Clarín, empresarios de los medios, agronegocios, poder financiero y el poder judicial. Recordemos que la Cámara de Casación fue puesta a dedo por Mauricio Macri y que la Corte Suprema no ha demostrado independencia del poder político que gobernó en el periodo anterior, algo que ya vivimos con la corte adicta del expresidente Carlos Menem, durante la década del ’90.

De esta manera, se desnuda la complicidad judicial con el poder y la impunidad con que se manejan los empresarios de medios frente a la voluntad popular, ahora un tanto asustados por la filtración de chats, incluyendo audios con su voz, desde el teléfono del Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, donde jueces federales como Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials acuerdan mentir sobre un viaje que hicieron el 13 de octubre a Bariloche al alojamiento en Lago Escondido del magnate inglés Joe Lewis.

El viaje que tiene al Poder Judicial alterado, fue producto de la invitación del Grupo Clarín, dos de cuyos principales directivos formaron parte del grupo como Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom, y Jorge Rendo, director de asuntos exteriores del grupo. Los otros asistentes fueron el ex jefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia Leo Bergroth; el especialista en campañas electorales en medios digitales Tomás Reinke y el hijo de Mahiques, Juan Bautista, jefe de los fiscales porteños.

Desde la filtración de esta reunión de la cual desconocemos los motivos, aunque se sospecha su vínculo con la intención de enviar a prisión a la vicepresidenta, estos personajes se han dedicado a presionar a distintos medios de comunicación para que no cubran el tema o incluso para que diseminen una versión errónea donde ellos se constituyan en víctimas de un espionaje ilegal. Mientras, el pueblo no cuenta con información de lo sucedido e incluso es desinformado con mentiras sistemáticamente.

Defender la convivencia democrática
El lawfare en la región se instala como una renovada alianza colonial del establishment patriarcal, ante lo cual, Cristina es una de las referentes políticas más importante que opone resistencia. Por eso intentan asesinarla y con ella suspender todo regla democrática que frene el avance destructivo de esta fase del capitalismo neoliberal, que habilita nuevamente la capacidad de dar muerte como opción política, después del padecimiento dictatorial que hemos tenido y al que le dijimos Nunca Más.

Junto con la vida de Cristina quieren acabar con los derechos sociales y laborales conquistados a sangre en nuestra historia, porque como expresó la Vicepresidenta hace escasos días a un medio brasilero: “Tener un buen salario no es solo cuestión de levantarse temprano e ir a trabajar, hay que tener políticas públicas y un modelo de desarrollo económico”, oponiendo a la narrativa neoliberal que instala la absurda idea de que todo lo que nos sucede o no, es fruto del trabajo individual de cada persona. Acompaña esta retórica el mantra meritocrático de “Vibra fuerte o piensa positivo” para vivir mejor. Formas cínicas de cooptar nuestra inteligencia y negar la dependencia, la vulnerabilidad constitutiva de todo ser vivx, para que reine el sálvese quien pueda.

En uno de los últimos discursos de Cristina en el plenario de la UOM de Pilar, explicó que a pesar de que el país tiene índices de productividad en alza tras la pandemia, los salarios se encuentran en la correlación inversa, es decir en pérdida. Y que esa correlación inversa entre salario y productividad indica las cuantiosas sumas de renta extraordinaria que el empresariado argentino ha logrado retener tras la pandemia y gracias al endeudamiento ilegal que nos legó el gobierno de Macri. De este modo, Cristina marca la agenda actual de los efectos de la distribución regresiva de los impuestos, de la evasión fiscal y de la fuga de capitales de gran parte del empresariado y del agronegocio en Argentina. Asimismo, nos trae la historia, la memoria de lo que ha sido lidiar con el partido judicial, con el empresariado sin conciencia nacional y la política patriarcal de los mismos de siempre, que la convierte en un blanco de persecución imperialista.

Más allá de las diferencias políticas, de las apuestas que cada quien tenga como orden deseado, no podemos dejar de advertir todo lo que hemos perdido en manos de estos grupos de poder y lo que todavía podemos seguir perdiendo, incluso el derecho a la vida. La deuda democrática es enorme: infancias empobrecidas, derechos sociales negados a las mayorías, persecución judicial, policial y política a los adversarios políticos del poder real; gatillo fácil, trans-femicidios, pobreza estructural, hambre y exterminio de bienes naturales comunes.
No olvidemos que las garras del colonialismo están sobre el agua, la tierra y por tanto de vida de las mujeres y cuerpos feminizados que siempre han sido defensoras de la tierra. El capitalismo es eso, un orden de muerte y la anestesia moderna, colonial, patriarcal y racista, toma impulso desde la lógica neoliberal y nos deja sentadxs en el sillón de casa mirando Gran Hermano o repitiendo Cadena 3 en Córdoba y mirando pasar la vida culpando a lxs sectores desposeídos por todo lo que nos falta.

Ya lo dijo CFK numerosas veces, el “partido judicial” surgió en la región contra “aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment les permitía en cuanto a inclusión y beneficios para los sectores más postergados”… ¿Nos importa la democracia?

Fuente: La Tinta.

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