7 de diciembre
El Congreso de Perú aprobó hoy con 101 votos la destitución del presidente Pedro Castillo, quien horas antes había disuelto el cuerpo, en una decisión que provocó la renuncia de los ministros de su gabinete y que fue denunciada como un autogolpe de Estado.
De inmediato, el presidente del cuerpo, José Williams, convocó para las 15 (17 de Argentina) a una sesión en la que se le tomará juramento a la vicepresidenta, Dina Boluarte.
El Congreso de Perú estaba convocado para votar una moción de destitución de Castillo por “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.
Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.
La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un “golpe de Estado” por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresiente Alberto Fujimori en 1992.
La sesión convocada por Williams comenzó poco después de las 13.00 (15.00 de Argentina).
Un paneo por las posiciones en el Congreso anticipaban al inicio de esa sesión el probable cambio de posición de muchos congresistas.
La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, consideró que la disolución del Congreso de la República anunciada por el Presidente “es ilegal”, es un golpe de Estado y solo confirmaría la culpabilidad de los hechos de corrupción que se le imputan al mandatario.
Además, dijo que el Congreso debería continuar reuniéndose y sesionando. “Para mí todo debe continuar”, manifestó mientras las puertas del Legislativo estaban siendo cerradas, reportó el diario El Comercio.
Por su parte, Héctor Ventura, presidente de la comisión de Fiscalización, consideró que las Fuerzas Armadas deben respetar el orden democrático. “Aquí vamos emplazar a las Fuerzas Armadas para que garanticen el orden constitucional en todos sus extremos”, indicó y mencionó que continuarán realizando su labor en el Congreso.
Jorge Montoya, de Renovación Popular, pidió por su parte que se someta a votación la vacancia por incapacidad permanente lo antes posible.
La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, partido de izquierda que antes no había votado a favor de la vacancia, señaló que se debe respetar el orden democrático y que, tras una disolución ilegal, Dina Baluarte debe asumir la presidencia. “El presidente Castillo ha decidido socavar la democracia”, dijo en declaraciones a RPP.
Héctor Valer, legislador que llegó a ser presidente del Consejo de ministros de Pedro Castillo, indicó que este puede ser acusado por disolver el Congreso y que ahora, en consecuencia “la Fiscalía de la Nación debe tomar las medidas y ordenar la captura del presidente de la República”.
Las Fuerzas Armadas no apoyaron a Castillo
Las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú aseguraron hoy que no acatarán “cualquier acto contrario al orden constitucional”, después de que el presidente Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso y el establecimiento de un “gobierno de excepción”.
“Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134 de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, señalaron en un comunicado.
Sin expresar abiertamente que no se dio el caso, simplemente agregan: “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.
“Se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas”, finaliza el texto.
Poco antes de que el Congreso tratara la moción de destitución en su contra, Castillo anunció la disolución del órgano legislativo y declaró un “toque de queda a nivel nacional”, lo que motivó inmediatamente la renuncia de ministros y acusaciones de un “golpe de Estado”.
El presidente acusó al órgano legislativo de “destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes”.
Fuente: Los Andes.