Internacionales

Cinco claves para entender la crisis hídrica en Uruguay

17 de julio

1. Rezar para que llueva
El Carnaval más largo del mundo se vive en Montevideo. El concurso de murgas, humoristas, parodistas y otros conjuntos ocurre a lo largo de febrero. Como se realiza al aire libre en el escenario del Teatro de Verano, cada jornada que llueve se suspende el concurso y esa etapa se recupera unos días después. Así, el Carnaval se estira y las gargantas de las y los murguistas descansan. Pero este verano el concurso apenas se suspendió uno o dos días. Porque este verano no llovió. En los parques el pasto se iba poniendo amarillento y, a la vez que florecían los palos borrachos y los ibirapitá, otras hojas caían como si fuera otoño y crujían bajo los pies. Era el excesivo calor sostenido. Mientras tanto, la reserva de agua dulce en la represa de Paso Severino, ubicada en el río Santa Lucía, uno de los dos embalses que abastecen a más de la mitad de la población en Uruguay —concentrada en Montevideo y parte de Canelones—, se secaba.

Por esos días, las autoridades de gobierno y de Obras Sanitarias del Estado (OSE), la empresa estatal a cargo de garantizar el servicio de agua potable, decían en la radio que había que esperar a que llegaran las lluvias para que el cauce del Santa Lucía volviera a crecer. No anunciaban cortes de agua programados ni preveían otras fuentes o alternativas de dónde tomar agua, ya que en los últimos años OSE fue cerrando distintos pozos a lo largo del país y concentró las reservas en Paso Severino, potabilizando esa agua en la planta Agua Corrientes ubicada en el departamento de Canelones.

Las reservas de agua dulce bajaron a niveles históricos y a comienzos de mayo llegó el anuncio bizarro: OSE tomaría agua de una zona del Santa Lucía cercana al río de la Plata que registra una salinidad mayor y la mezclaría con las pocas reservas de agua dulce que quedaban en Aguas Corrientes para potabilizarla. En estas semanas hubo días donde los niveles de miligramos de sodio por litro de agua se excedieron hasta el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Hoy en Uruguay el mate ‘ta salado. Pero no solo se saló el mate: ¿cocinar con esta agua? ¿Servirla en la mesa? Quienes pueden, destinan una parte de su presupuesto mensual a comprar agua embotellada, una salida que profundiza una privatización encubierta del acceso a este bien común. Un bidón de seis litros de agua embotellada cuesta un promedio de 130 pesos uruguayos, lo que equivale a 3,5 dólares. ¿Y quiénes no pueden pagarlo? La respuesta no sorprenderá.

Ante las apariciones públicas de autoridades —desde el Presidente hasta ministros—, la prensa ha preguntado en qué soluciones estaban pensando para frenar la crisis hídrica. En la mayoría, la respuesta fue pedirle a Dios. Sí, en un país donde el Estado se separó de la Iglesia a comienzos del siglo XX, la respuesta oficial ante la crisis hídrica más grave de su historia es rezar para que llueva. Así lo dijo, por ejemplo, Pablo Iturralde, presidente del Partido Nacional —al que pertenece Lacalle Pou— y el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, que incluyó una oración:

Aunque este miércoles 5 de julio llovió. Llovió como hacía tiempo no llovía, de forma copiosa y sostenida, recordándonos cómo era dormir con ese sonido tan zen, sin mayores dramas posteriores; sin que sea una bomba de agua que cae, inunda las calles, afecta cosechas y luego no sirve para mucho más. Llovió. Fue un respiro, una esperanza, activó memorias emotivas, pero no alcanzó ni de cerca para paliar la situación. Entre el 4 y el 7 de julio, la represa de Paso Severino tuvo un promedio de caída de 39 milímetros, aumentando apenas “tres o cuatro centímetros” en el embalse de la reserva.

“De 1.117.482 metros cúbicos de agua que había el miércoles, los datos del jueves indican un aumento a 1.134.484 metros cúbicos, aunque el consumo en Montevideo y el área metropolitana sigue rondando los 500.000 metros cúbicos”, detalló el periódico La Diaria el viernes 7.

“La solución de fondo es que llueva”, repitió Lacalle Pou tras rechazar una planta potabilizadora móvil y un buque cisterna que ofreció el gobierno argentino a fines de la semana pasada.

Diversos científicos han advertido que, considerando los pronósticos meteorológicos, hasta la primavera no se prevén lluvias suficientes para cargar las reservas.

2. “No es potable, pero es bebible” (No lo sé, Rick, parece falso)
La sal se siente en el gusto del agua, en algunos barrios de Montevideo más que en otros, pero lo cierto es que la sal del agua se siente en todos lados. Incluso, el agua ha llegado a salir blanca de la canilla. La OMS recomienda no superar los 200 miligramos de sodio por litro de agua para que sea potable. Sin embargo, las autoridades del gobierno nacional solicitaron autorización al Ministerio de Salud Pública (MSP) para que ese valor llegue a los 440 miligramos.

Ante la advertencia de médicos y científicos sobre los altos índices de salinidad de esta agua y los riesgos sanitarios que conlleva para la población en general, el Ministerio lanzó una campaña por redes sociales donde recomendaba a personas hipertensas y embarazadas a que evitaran tomar el agua que saliera de la canilla, evitar agregar sal a las comidas y utilizar “agua mineral” para la preparación de fórmulas de lactantes. “En caso de tener que tomarla, se recomienda no exceder el litro de agua al día y aumentar la frecuencia de los controles de presión arterial”. A quienes toman antihipertensivos y diuréticos, se les recomendó “seguir consumiendo el agua de OSE hasta un litro por día, pudiendo completar su ingesta habitual con agua mineral”.

Todas las recomendaciones estaban exentas de facilidades o subsidios estatales de algún tipo para cubrir la compra de agua embotellada. Esta falta de respuesta estatal es aún más alarmante si tenemos en cuenta que al menos 30% de la población adulta uruguaya está diagnosticada como hipertensa.

Ante la preocupación y la queja generalizada por este mensaje oficial que prácticamente obligaba a tomar agua embotellada, sumiendo en un gasto extra a la población, la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, dijo: “Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca Cola y comprarse un agua”.

Al día siguiente, ante la indignación generalizada por el comentario de la funcionaria, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, agregó otra declaración algo entreverada para defender el aumento en la salinidad: “Lo que nosotros decimos es que el agua de OSE, tomada del río de la Plata, es bebible y consumible. Si vamos a puntos obviamente técnicos y demás, el agua no es potable y es consumible”. ¿Cómo puede ser bebible si no es potable? Justamente, se denomina agua potable al agua “bebible”, ya que es aquella que puede ser consumida por personas y animales, sin riesgo de contraer enfermedades. Lejos de aportar tranquilidad, las declaraciones del ministro sumaron más confusión.

A medida que pasaron los días, las advertencias crecían: el tratamiento para potabilizar el agua con altos niveles de cloruro aumenta la presencia de trihalometanos, compuestos químicos que se forman por el contacto entre el cloro y el material orgánico e inorgánico presente en el agua. Así, a la recomendación de no tomar el agua que sale de la canilla, varios médicos sumaron la de tomar duchas cortas, pues la aspiración de vapores con trihalometanos puede tener efectos cancerígenos en el largo plazo.

Seguir regando las plantas de interior con esta agua bebible-no potable amarronó las hojas verdes: alicaídas en las macetas, son una suerte de espejo para saber cómo vienen nuestros órganos afectados trago a trago.

3. Es sequía y es saqueo
En las movilizaciones que diversas organizaciones sociales y sindicales realizaron en el centro de Montevideo durante las primeras semanas en que el agua del río de la Plata se mezclaba con la poca agua dulce que quedaba en la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, la principal consigna de carteles y banderas era: “No es sequía, es saqueo”. Lo cierto es que la crisis hídrica en Uruguay tiene raíces en ambos factores: la sequía y el saqueo.

El objetivo del leiv motiv “No es sequía, es saqueo” era instalar en la agenda pública que, mientras 1.600.000 habitantes tomaban agua salada ante las bajas históricas de la cuenca del Santa Lucía, en otros puntos del país una serie de proyectos extractivistas —como las empresas pasteras transnacionales— siguen abasteciéndose de agua potable para los tratamientos de sus efluentes y para la producción de celulosa.

La forestación como actividad productiva promovida desde el Estado uruguayo ha profundizado varios factores y consecuencias de la crisis climática que vive el país, la región y el mundo, a pesar de que hay quienes resisten y defienden los territorios frente al avance de la industria forestal que arrasa con todo.

“Estamos ante una sequía bastante más severa que de costumbre. Pero la crisis en el Santa Lucía es una acumulación de mala gestión: forestación en las nacientes, degradación de los recursos, intensificación agraria, zonas de amortiguación y humedales degradados, más consumo excesivo y no planificado”, explicó Marcel Achkar, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, a la agencia AP a mediados de mayo.

Al modelo extractivista deben sumarse los 486 embalses privados desde la naciente del río Santa Lucía en las sierras del departamento de Lavalleja, una zona forestada 150 kilómetros al noreste de Montevideo. Entre agosto pasado y marzo de este año no cayó ni una gota por allí. El colega de Achkar, Daniel Panario, explicó en AP que “las sierras almacenan agua; cuando deja de llover, el agua sigue saliendo a través de la grieta por muchísimo tiempo, pero los eucaliptus consumen buena parte de esa agua” y absorben un 50% de las nacientes.

4. Emergencia hídrica
El geógrafo Marcel Achkar fue crítico con la actitud del gobierno. Entrevistado por La Diaria el último Día del Medio Ambiente dijo: “La crisis hídrica es manifiesta y explícita desde, por lo menos, agosto-septiembre del año pasado, a pesar de que algunas voces ya veníamos alertando que el período de La Niña iba a ser extendido. La OSE y los ministerios sabían que había que tomar medidas y lo negaron públicamente y en las Comisiones de Cuenca. Fue una actitud negacionista militante por parte de las instituciones”.

Recién doce días después de este diagnóstico, con la situación insostenible, guardias pediátricas con niños descompuestos con vómitos y diarreas, desabastecimiento de agua embotellada en supermercados, colas en negocios con lista de espera para arreglar calefones rotos por los sedimentos de sodio en cañerías, frigoríficos con empleados en seguro de paro por no tener agua disponible para producir, el 19 de junio el Presidente Luis Lacalle Pou dio una conferencia de prensa y declaró la emergencia hídrica en Montevideo y el área metropolitana.

Esta declaración incluyó: el anuncio de un fondo especial de dinero (sin dar mayores detalles del origen de esas reservas ni su destino), ordenar exoneraciones impositivas para el agua embotellada (aunque sin fiscalizar su cumplimiento) y la construcción de un embalse y cañería en el río San José en treinta días (una estimación que rápidamente fue criticada por obreros de la construcción diciendo que es imposible cumplir ese plazo).

Además, “se mantiene la entrega de agua gratuita para población vulnerable”, dice la comunicación oficial; esto es: entregar dos litros de agua embotellada por día por persona a quienes reciben prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo Social, unas 21 mil personas.

5. Soluciones (y oídos sordos)
En agosto de 2022, lxs integrantes del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República advertían que la fuerte sequía registrada en los últimos dos veranos se profundizaría una vez más durante 2023. En octubre publicaron un manifiesto dirigido a las autoridades gubernamentales donde dejaban en claro el diagnóstico de la situación y enfatizaban la urgencia de tomar medidas antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la única opción posible sea rezar. Y, sobre todo, aportaban una serie de propuestas para solucionar el problema en el corto, mediano y largo plazo.

Biólogos, limnólogos y geógrafos expresaban en ese comunicado que era “imprescindible” mejorar el estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable, en particular la cuenca del río Santa Lucía, y decían cómo hacerlo. Pero el gobierno uruguayo no parece haber tomado nota de la advertencia.

En el corto plazo proponían que se invirtiera en arreglar el sistema de cañerías de la capital del país, ya que la mitad de estos caños tienen pérdidas del agua potabilizada. También, recomendaban implementar acciones para que el uso ciudadano e industrial del agua sea eficiente. Por ejemplo, tener “ciclos cerrados” de circulación del agua en fuentes de plazas y para el enfriamiento de calderas; premiar la disminución de consumo en verano; prohibir el riego de jardines con agua potable; cobrar recargos por el uso en piscinas privadas y usar cisternas eficientes.

Otro punto importante era descentralizar los sistemas de abastecimiento de agua potable, frente a la estrategia que tuvo OSE en los últimos cuarenta años de cerrar los sistemas de abastecimiento locales y centralizar todo a las líneas que tomaban de Aguas Corrientes.

Neptuno no, Casupá sí. En aquel documento, los científicos criticaron también el Proyecto Neptuno, planteado por el gobierno actual, por los problemas ambientales que acarrea. Neptuno implica la construcción de una nueva planta de potabilización y toma de agua en el Río de la Plata, en la localidad de Arazatí, departamento de San José. Desde el IECA remarcaban, en primer lugar, que el Río de la Plata “no es, ni puede ser considerado, una fuente infinita de agua para potabilización” por la calidad del agua —comprometida por las floraciones de cianobacterias, que son un problema desde al menos 2013 en Uruguay— y por la salinidad que “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados en forma concomitante con períodos de bajas precipitaciones en las cuencas del Paraná y Uruguay (eventos La Niña)”. El proyecto ya era criticado por el costo elevado que implicaría para el Estado, estimado en casi 260 millones de dólares, construyéndolo en una zona donde las alarmas estaban prendidas y, ahora que conocemos el sabor de esa agua, esas advertencias se volvieron reales.

Pero también Neptuno era criticado por el trasfondo de negociaciones e intereses que hay entre el gobierno y las empresas que se presentaron a la licitación, teniendo en cuenta que había un proyecto pendiente para concretar del gobierno anterior, del Frente Amplio, para construir una planta potabilizadora en Casupá.

Luis Aubriot, otro integrante del IECA, explicó ayer en el programa Ideas Cruzadas que lo ideal es tener “dos plantas o dos fuentes de agua que pueden aportar a la población un 70% de agua cada una”. Esto permitiría que, si a una de esas fuentes le pasa algo, “la segunda nos garantizará tener agua”. Hoy, cualquier cosa que le pasa a Aguas Corrientes “nos genera un problema gravísimo de seguridad hídrica nacional”.

Para Aubriot y sus colegas, Neptuno “nos deja en una situación parecida a la actual: va a ser una inversión enorme, costosísima, a largo plazo, habría que bombear el agua hacia arriba —lo que implica un gasto de energía eléctrica gigante— y solo aportaría 20% de agua a la red metropolitana para un sector de la ciudad. Y de nuevo, si falla Aguas Corrientes, nos quedaríamos con Neptuno que no suma nada, apenas 20 días más de agua. Es decir, no es significativo el aporte y además, esa zona donde quieren ubicar la planta es el peor lugar, tiene floraciones muy frecuentes de cianobacterias, es uno de los cuatro peores lugares de floración de cianobacterias del río de la Plata”. En cambio, Casupá “sería una gran reserva de agua y con bastante y buena calidad ambiental e impediría que se perdiera el agua. ¿Por qué no pensar en agua de Casupá?”, concluyó Aubriot.

En este sentido, el científico se sumó al planteo de organizaciones como la Asamblea por el agua del río Santa Lucía que sugieren cambiar la categoría de la cuenca del río Santa Lucía que desde 2013 es noticia por el grado de contaminación y floraciones de cianobacterias debido a la concentración de fósforo y otros nitratos. Sucede que a lo largo del cauce, lo que llega al río son vertidos de empresas, pero también sedimentos que arrastran restos de agrotóxicos por las plantaciones de soja y trigo transgénicos que llegan hasta su vera.

Hoy la cuenca es apta para riego, para pescar y para tomar, entre otros usos. Desde la Asamblea por agua del río Santa Lucía, Andrea Araújo propone que se cambie la categoría y quede solo para consumo humano, sumado a pensar qué tipo de modelo productivo se podría permitir a lo largo de la cuenca.

Fuente: LATFEM.

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