Argentina. Nueva modalidad: desalojos por decreto

El martes 30 a las 9 de la mañana, el barrio de La Boca, justo abajo del puente Nicolás Avellaneda, amaneció con un fuerte operativo policial de desalojo. Se calculan aproximadamente 200 efectivos que cerraron el tránsito vehicular sobre la Av. Pedro de Mendoza, desde Ministro Brin hasta Alte. Brown. Recién a las 18hs aproximadamente la liberaron. Todo para dejar en la calle a 5 familias. “El desalojo administrativo fue sin causa, es decir, no es que había peligro de derrumbe o algo por el estilo, fue simplemente para recuperar el inmueble”, informó Carolina Sticotti, Trabajadora del Centro de Salud N° 41 e integrante del grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone (LBRyP), quien se encontraba en el lugar asistiendo a las familias. Los ingresos al inmueble fueron inmediatamente tapiados. Carolina agregó: “es paradójico que el GCBA, quien debe tomar acciones para revertir la emergencia ambiental y urbanística del barrio de La Boca, deje a familias y niños en la calle para tener un inmueble tapiado, sin uso”.

La orden de desalojo fue sin previo aviso, mediante un decreto que llevaba las firmas del Ministro de Hacienda del GCBA, Gustavo Arengo Piragine; el Jefe de Gabinete de Ministros, Néstor Grindetti y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Un decreto que, al momento del desalojo, no había sido publicado en el Boletín Oficial. «Aparte ninguno de nosotros sabe cuál es el destino de utilidad pública de este inmueble», manifestó Natalia Quinto del grupo de Vivienda y Hábitat de LBRyP, durante la conferencia de prensa que se desarrolló el miércoles a la mañana. Y agregó: «Que no nos extrañe que en un par de meses llegue a la Legislatura un proyecto de ley que diga que ya el inmueble no se necesita más, se declare su inutilidad pública, y estén dispuestos a vendérselo a un privado”. El inmueble, ubicado en la intersección de las calles Pedro de Mendoza y Necochea es una casona antigua de dos plantas en la que vivían 20 familias, muchas de ellas, desde hacía 30 años. Les vecines denunciaron que la policía ingresó a algunos de los domicilios pateando puertas como si se tratara de un allanamiento.

Otra irregularidad fue que no hubo presencia de los organismos que velan por los Derechos de las niñeces y adolescentes. El funcionario Damian Corti, Asesor Tutelar del Ministerio Público de la Defensa, no se apersonó. Natalia Quinto explicó: «la obligación del Asesor Tutelar es llevar adelante la mejor defensa de los menores que habitaban en este inmueble. Para eso, todos los contribuyentes de CABA sostenemos las Defensas Públicas oficiales, para que lleven a cabo la mejor defensa de los casos que le tocan. Bueno, esto no sucedió». Y continuó: «Si el Asesor Tutelar le da información errónea al juzgado, el juzgado no puede tomar una decisión acertada. Esto fue lo que pasó ayer. Ayer el Asesor Tutelar dijo que este inmueble estaba desalojado en su totalidad. El inmueble todavía no fue desalojado en su totalidad. Todavía falta que la ciudad resuelva cuál va a ser el destino de las familias que habitan el resto del inmueble y que todavía no fueron desalojadas». Por último, agregó que el gobierno «tiene la posibilidad de resolver, ajustado a derecho, con todos los recursos que tiene la ciudad con mejor presupuesto de Ushuaia a La Quiaca».

El miércoles por la tarde noche se logró una pequeña victoria. Se frenó temporalmente el desalojo previsto para las 15 familias restantes que allí tienen su hogar. “La justicia instó al GCBA a acreditar la utilidad del bien público, a respetar los derechos y garantías de los vecinos y a cumplir con los procedimientos que establece la ley”, informó un comunicado de las organizaciones que están acompañando la lucha. Para las 5 familias que ya fueron desalojadas el día martes, no hay solución aún. Atravesaron la segunda noche de invierno a la intemperie, luchando por una solución viable y duradera.

Contexto
En el año 2007 la Legislatura porteña, por iniciativa vecinal, sancionó la ley 2240 que declara la Emergencia Ambiental y Urbanística para el barrio de La Boca en materia de vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas. El gobierno de la ciudad está obligado a implementar políticas públicas que tengan el objetivo de revertir esa situación y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el barrio. Hace 14 años que se incumple sistemáticamente esta ley. De acuerdo a lo informado por Carolina Sticotti en la actualidad están “acompañando 220 juicios de desalojo. La mayoría son juicios civiles, es decir, un conflicto entre partes. Un privado que quiere recuperar su inmueble” y agregó: “en cambio, en este desalojo administrativo, que es por una decisión política, es la ciudad especulando con los inmuebles, más allá de los derechos constitucionales a la vivienda”.

En el año 2012 se creó la Ley del Distrito de las Artes que busca la atracción de capitales vinculados a las galerías, centro de exposiciones, museos, residencias, otorgándoles beneficios y exenciones impositivas a los inversores para que decidan instalarse en el barrio. Lejos de promover bienestar y progreso para quienes habitan en esta zona, el resultado es la promoción del desarrollo inmobiliario especulativo. Esto ha profundizado el complejo proceso de gentrificación que viene experimentando La Boca desde hace años; un proceso por el cual los desalojos han crecido de manera exponencial expulsando a los habitantes históricos, cambiando la fisonomía, la identidad; los modos de relacionarse entre las personas y con el entorno. Aumentos desmesurados en los alquileres, bienes y servicios de todo el barrio.

Hace menos de una semana, a una cuadra del desalojo de la esquina Pedro de Mendoza y Necochea, se instaló sobre la rivera del Riachuelo, una garita de la empresa Sturla Viajes que ofrece paseos náuticos a los turistas y una rampa para descenso de personas. Para el 8 de agosto está prevista una audiencia pública no vinculante convocada por ACUMAR para tratar el tema de la navegabilidad del Riachuelo hasta el puente Barraca Peña, con el objetivo, según declara la autoridad, de desarrollar económica y turísticamente la zona y recuperar su identidad. Conceptos en disputa ciertamente, porque hasta ahora, en nombre del desarrollo, el barrio ya no es lo que era.

Hoy, jueves 1 de agosto a las 17.30hs, las organizaciones que están acompañando a las familias desalojadas, convocan a concentrar en Av. Alte. Brown y Av. Benito Pérez Galdós, para repudiar el evento del PRO convocado por su presidente, Mauricio Macri, a realizarse en el auditorio Arenas Estudio, ubicado en avenida Don Pedro de Mendoza 965.

ANRed.