Política

Argentina. Cocinar para el barrio: ollas populares frente al hambre

5 de junio

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, los niveles de pobreza se han profundizado gravemente: en Argentina, hay más de 17 millones de personas en situación de pobreza y la inseguridad alimentaria se elevó al 23,3%. Si no estuvieran los planes sociales, la pobreza alcanzaría el 50%. Cada vez son más las personas que no tienen qué llevar a la mesa y al estómago. En los barrios, las ollas populares, los comedores comunitarios, los merenderos hacen frente a una problemática social esencial para la vida, a través del trabajo de más de 140.000 cocineras comunitarias en todo el país. Su trabajo alimenta a más de 10 millones de personas. En este contexto, la organización social La Poderosa presenta hoy, en el Congreso, un proyecto de Ley para el reconocimiento de estas trabajadoras, en su gran mayoría, feminidades.

La creación del Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios consiste en reconocer y otorgar un Salario Mínimo, Vital y Móvil a quienes desempeñen un rol como trabajadora o trabajador en comedores y/o merenderos populares, además de derechos laborales básicos como vacaciones, obra social o cobertura médica, ART, licencia por enfermedad y/o accidente, aguinaldo, licencia por maternidad y paternidad, jubilación y licencias especiales.

Al no existir Defensor del Pueblo en nuestro país desde hace 14 años, el proyecto no puede ser presentado por iniciativa popular, por lo que lo hará la diputada nacional, Natalia Zaracho. La inversión social requerida representaría un presupuesto global equivalente a menos del 0,07% del PBI nacional, el 10% de lo destinado a servicios de inteligencia o al 0,14% de los servicios de deuda previstos en el presupuesto 2023.

Susana Zaccaro es vecina de barrio Yapeyú y referente nacional de géneros en La Poderosa, organización que sostiene más de 100 comedores, con 114 asambleas en todo el país y también en Latinoamérica. “Pedimos que el Estado reconozca la existencia de los comedores y de quienes los sostienen. Hay casi 35.000 comedores en el país, según ReNaCom, y casi 140.000 cocineras comunitarias trabajando en la informalidad. El Estado reconoce que hay comedores, pero invisibiliza que, detrás de la olla, hay personas con un montón de necesidades poniendo cuerpo, corazón y todo lo que tienen, para garantizar que un montón de familias que no tienen ingresos puedan tener, al menos, una comida diaria”.

“A la mayoría de las compañeras y algunos compañeros que están garantizando el alimento para les vecines, para la comunidad, les falta trabajo, no tienen un salario o están en un círculo de violencia. Las cocineras que están detrás de la olla no tienen la vida resuelta, no tienen un trabajo formal. Tienen muchas necesidades y viene siendo ya un tema histórico. Venimos hablando de las cocineras del tiempo de la dictadura, en la crisis del 2001, en la pandemia, cuando creció en un triple la demanda alimentaria en los comedores. Y fueron las trabajadoras comunitarias las que estaban poniendo el cuerpo en los barrios, aunque se enfermaban, se contagiaban… Incluso, perdimos a un montón de compañeras, como Ramona Medina. Aún así, sin salario ni garantía de derechos, estuvimos y siguen estando las cocineras”, sostiene Susana.

El 85% de quienes integran La Poderosa son mujeres, dato que vuelve a poner sobre la mesa el enorme trabajo de cuidados que las feminidades realizan en sus barrios y comunidades, en una triple jornada laboral que se torna insostenible. “Trabajamos en nuestros barrios, en nuestras casas y en el mercado informal -juntando cartones, haciendo changas, cuidando niñes ajenos, limpiando casas de otras personas-. El trabajo en los comedores demanda entre 6 y 10 horas, según la cantidad de raciones que se entregan. Por eso, para que las cocineras, que son históricas, puedan vivir con dignidad, nos pusimos a redactar esta ley”.

Susana también destaca que, si bien han decidido priorizar la lucha por el reconocimiento laboral de las cocineras comunitarias, que son históricas, el trabajo comunitario es mucho más amplio y cubre una gran cantidad de derechos vulnerados y necesidades básicas de les vecines: “Las trabajadoras que estamos en géneros, que acompañamos y prevenimos las violencias de género, las trabajadoras de la salud que aprendieron a medir la presión casa por casa, sacan turnos en los hospitales para les vecines, viendo qué demandas hay, qué enfermedades hay en los barrios. Están las compañeras de educación que sostienen el apoyo escolar… Después, iremos por más derechos, pero, hoy, nuestra prioridad son esas trabajadoras que son un montón”.

El 8 de marzo se hizo la presentación del proyecto de ley frente al Congreso y hoy, lunes, a las 11, a dos días del 3 de junio, lo presentarán oficialmente. “Elegimos presentarlo en el marco de Ni Una Menos, entendiendo que también trabajar sin reconocimiento, sin un salario, es violencia. Para que haya Ni Una Menos, es necesaria la independencia económica de muchas mujeres de muchas comunidades”.

Ollas comunes latinoamericanas: la experiencia uruguaya
La pobreza es una problemática estructural en toda la región: según CEPAL (2022), en Latinoamérica, un 32,1% de personas (201 millones) viven en situación de pobreza, del cual un 13,1% se encuentra en pobreza extrema. Si bien cada territorio tienen sus particularidades, frente al hambre hay una acción directa en común: abrir la ronda, sacar la cocina a la calle, reunirse a cocinar, contribuir con lo que se pueda para ampliar la olla y hacer rendir el alimento para que la mayor cantidad de vecines tenga algo para llevar a la panza y para calentar el cuerpo.

Cecilia Sarasola es vecina del barrio Ciudad Vieja, de Montevideo, e integra la Coordinadora Popular y Solidaria “Ollas por vida digna” de la CPS, un espacio donde están organizadas las ollas y los merenderos populares de Uruguay, surgido en marzo del 2020, en contexto de pandemia. “Empezamos a organizarnos entre vecines que sacábamos ollas en los barrios de Montevideo y de otros departamentos del país, una unión de fuerzas entre todas las iniciativas para coordinar insumos, para movilizarlos y para establecer determinados reclamos y tener una voz pública desde las ollas y merenderos a nivel nacional”.“Siempre digo que yo no conocía a los vecinos y las vecinas con los que terminé participando en la olla de mi barrio. Y, un día, en plena pandemia, cuando nadie salía de mi casa, vi que llegaba un camión de manzanas en mi cuadra y que todo el mundo se arrimaba a descargar, y me arrimé. Era una donación de manzanas que llegaba para la olla y, ese día, me quedé embolsando manzanas; al otro día, fui a cocinar y, hasta ahora, no he parado. De esa forma, se fue sumando mucha gente, de manera bastante diversa porque, en otros barrios, son núcleos de vecinos que ya se conocían u organizaciones sociales o sindicales. Hasta ahora, estamos en un proceso de organización constante, nos reunimos mensualmente en plenario para coordinar acciones y trabajamos en comisiones”.

Si bien la pandemia evidenció y profundizó la desigualdad y la vulneración de los derechos más básicos, la pobreza, el hambre, la falta de vivienda son el resultado histórico de políticas inexistentes, ineficientes, insuficientes o de parche. “Hay una situación de pobreza y de un montón de vulneración de derechos que ya hacía rato que no se venía salvando y que se acentuó en 2020; se siguió profundizando por la pandemia y por las políticas de Estado de este gobierno que colaboraron con la pandemia. El desmantelamiento de todos los programas estatales ha sido inmenso, la gente en los barrios quedó absolutamente desprotegida. La política de Estado viene siendo ausentarse de todos lados, recortar no sólo los planes de ayuda económica directa, sino educación, salud, acceso a los servicios… En 2020, directamente, se

cortaron los equipos multidisciplinarios de asistentes sociales y psicólogos que estaban para asistir mínimamente en los barrios. La gente que no tiene un celular ni acceso a internet no tiene dónde informarse ni quién le indique cómo hacer un trámite, dónde hay una policlínica, dónde encuentra un medicamento o lo que sea. Esto se sigue profundizando y ya no tiene que ver con la pandemia, la brecha es cada vez más amplia y profunda: el que menos tiene cada vez tiene menos. El Uruguay tiene 3 millones de habitantes (una ciudad de Buenos Aires), exportamos alimentos para 30 millones de personas y tenemos gente pasando hambre y durmiendo en la calle. Si miro en la cuadra donde yo estoy parada ahora, que estoy hablando desde la calle, en esta cuadra, duermen por lo menos tres personas. Y estoy a una cuadra de la Casa de Gobierno”.

Mujeres organizadas: la construcción comunitaria más allá de las ollas
Lo que sucede en las ollas populares va mucho más allá del cocinar y el comer: reúnen a vecines que tal vez ni se conocían, propician el encuentro, invitan a compartir y van tejiendo lazos de colaboración y contención muy fuertes. Sin ánimos de caer en una romantización que diluya la responsabilidad del Estado y sus instituciones en la situación, la experiencia de organizarse conjuntamente ante la atroz ausencia de respuestas abre camino a la construcción de comunidad y de voz colectiva.

En este sentido, Cecilia cuenta que, si bien están muy sobrepasades por la crisis alimenticia y la gran vulneración de derechos, se han fortalecido organizativamente gracias a nuclearse en las ollas y los merenderos. “Por un lado, nos vemos sobrepasados y sobrepasadas porque las demandas de los vecinos y vecinas que se arriman a las ollas abarca todo tipo de necesidades. Por otro lado, hemos conseguido fortalecer tanto la red de contención que también es muy potente. Emocionalmente, nos sobrepasa, pero estamos ahí y sabemos que estamos. Y esperamos que llegue el momento de la cocinada para juntarnos aunque sea a tomar un mate y conversar, para saber cómo estamos, para ponerle el hombro, para ponerle una oreja, no sé, para convidarle un café al vecino que no comió todo el día. De repente, las donaciones pueden dar más o menos para cocinar, pero sabemos que igual estamos ahí para juntarnos, sabemos que estamos organizados y ya traspasamos el plato de comida. Nos organizamos para ir a una marcha, nos organizamos para juntarnos a conversar qué queremos para el barrio”.

Desde Córdoba, las vecinas de La Poderosa de barrio Yapeyú sostienen un comedor comunitario, una cooperativa textil y la Casa de las Mujeres y las Disidencias en ese barrio. Sobre la experiencia de organización y construcción de redes, Susana comenta que fue con el surgimiento del primer Ni Una Menos, allá por 2015, que empezaron a salir a las calles y a encontrarse: “El primer grupo de mujeres empezó a armarse por dos compañeras de la cooperativa textil Manos Poderosas, que cosían repasadores para tener un ingreso económico para ellas y sus familias. Las compañeras empezamos a encontrarnos y fue creciendo. Las vecinas se enteraban de esto, se acercaban y nos fueron atravesando un montón de cosas. Así, nació la Casita, como una herramienta más para prevenir y para abordar la violencia de forma integral. Nos pasaba esto de que, si queríamos denunciar, por ejemplo, el patrullero no entraba al barrio porque era zona roja, entonces, teníamos a la vecina golpeada y el patrullero en la calle 24 de septiembre porque no entraba al barrio”.

En el país, hay nueve casas de mujeres y disidencias como la de Yapeyú, con ejes de recreación, de trabajo, de disidencias, de educación, de derechos humanos, psicólogas, abogadas y el acompañamiento de las vecinas ante todo tipo de situaciones de violencia: poder prevenir, poder abordar y poder buscar estrategias para salir del círculo de las violencias machistas. “Empezamos a pensar en espacios cooperativos donde las vecinas pudiéramos salir de ese círculo de violencia económica que también es grandísima. Muchas no podemos corrernos del lado del violento porque dependemos de que nos banquen económicamente, entonces, empezar a intentar que las vecinas reconozcan esa violencia y que caminen hacia la independencia es muy importante. No es un montón de plata ni alcanza para cubrir todo lo que necesitamos, pero es comenzar a apropiarse de esa independencia económica, tener esa monedita para a sostener a nuestros hijes o tomar un colectivo o un remis, y salir corriendo a hacer una denuncia o a refugiarnos en la casa de otra compañera. Del trabajo cooperativo se aprende un montón, nos habilita un camino a otra vida”.

Imagen: La Garganta Poderosa

En la misma línea, Cecilia explica que, desde la Coordinadora, buscan “seguir fortaleciendo la organización y trascender el plato de comida: pasar a tener iniciativas laborales, cooperativas, pequeños emprendimientos, espacios de formación educativa… Buscar autogestionarnos las herramientas para que los vecinos y las vecinas no necesiten más ir a la olla porque no tienen para comer o porque no pueden elegir qué comer. Ojalá pudiéramos seguir haciendo el guiso todas las semanas, pero para juntarnos a comer porque queremos, no porque alguien no tiene para comer en su casa”.

Tanto La Poderosa como la Coordinadora Popular y Solidaria son organizaciones que, si bien no están integradas exclusivamente por feminidades, son amplia mayoría. Sobre esto, Susana Zaccaro reflexiona: “No sólo en las ollas somos mayoría. Desde las Madres de Plaza de Mayo hasta el acompañar a una compañera a la comisaría a hacer una denuncia, somos las mujeres y hay que seguir trabajando, desde lo chiquito, desde cada actividad, para que los varones también tomen ese lugar. En ese sentido, una de las tareas que realizamos es trabajar mucho con la juventud, con la niñez y la adolescencia, para generar un cambio de acá a futuro. El cambio tiene que venir desde abajo, desde la niñez y la adolescencia, para pensar un futuro más igualitario”.

Fuente: Julieta Pollo para La tinta / Imagen de portada: La Garganta Poderosa.

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