Política

Argentina. «Ahora que inhabiliten a Vidal para cargos públicos»

3 de mayo

Noemí Viera tiene 35 años, es madre de cinco hijos, con los que vive desde siempre en Villa Itatí, en el partido de Quilmes y se define orgullosa militante feminista y primera generación de universitarios de su familia. Su trayectoria de vida tiene al menos dos puntos de inflexión. En 2015 decidió estudiar la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos en la UNLa, una de las universidades del conurbano a las que, según la ex gobernadora María Eugenia Vidal, «los pobres no llegan». En 2018 descubrió que figuraba entre los aportantes truchos a la campaña electoral del Pro en las elecciones legislativas de 2017, cuya responsabilidad mayor recae tambié sobre Vidal.

Desde entonces emprendió, a la cabeza de un grupo de trece vecinos de su barrio, un persistente reclamo de justicia. Querellante en la causa penal iniciada por la senadora Teresa García en 2018, ahora su reclamo ya tiene un canal. La semana pasada, tal como informó este diario, la Cámara Nacional Electoral convalidó las irregularidades detectadas por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Entonces le devolvió el expediente para que Ramos Padilla, cuyo juzgado tiene funciones de juzgado electoral, investigue la posible comisión de delitos penales. En 2018 Vidal además de gobernadora era presidenta del Pro bonaerense.

El escándalo «cortó con las ambiciones presidenciales de Vidal y hasta con su reelección como gobernadora» porque «expuso su doble moral y doble discurso», dice Noemí. Declara, orgullosa, que «tienen mucha plata pero no pudieron comprar el silencio de Villa Itatí» y que el objetivo es «que la inhabiliten a Vidal para ejercer cargos públicos».

–¿Cómo te enteraste de que habían usado tus datos para la campaña?

–Fue en junio de 2018. En ese momento empezaron a circular documentos y listados en internet. Muchos de los que figuraban ahí eran de mi barrio, de Villa Itatí, titulares de “Ellas Hacen” o cooperativistas. Así se corrió la voz acá. Eran muchas personas. Algunas decidieron no denunciar por miedo, cosa que yo entendí y respeté, porque estaban en situaciones muy vulnerables y temían que no les renovaran el plan. Al final se armó un grupo de 13 personas que decidimos reclamar justicia y seguimos en ese proceso.

–¿Qué pensás que los movió? ¿La impunidad? ¿El desprecio?

–Un tiempo antes, me acuerdo que hubo una polémica porque se pemitió por decreto que el Estado nacional cruzara los datos de Anses con otras bases de datos y las usara para otros fines. Creo que ahí empezó todo. Seguramente pensaron que, por ser pobres, por no tener recursos, no nos íbamos a enterar o, peor, que aunque nos enterásemos, no íbamos a tener cómo defendernos. ¿Qué abogado van a pagar unos villeros? ¿Qué abogado se le va a animar a la gobernadora? La palabra clave, la que define lo que hicieron, para mi es perversidad. Fueron perversos.

–¿Qué generó esto en el barrio, en tu familia? ¿Cómo veían a María Eugenia Vidal antes y después de esto?

–Inmediatamente hubo sorpresa y luego empatía y solidaridad. Fue muy chocante, para nosotros que éramos las víctimas directas, pero también para la gente cercana. ¿Alguien de este barrio está en condiciones de donar a un partido político el doble de su ingreso mensual? ¿En serio? ¿Y justo a un partido que no votaría nunca, que es todo lo opuesto a lo que yo pienso y quiero? En ese momento, la gobernadora estaba blindada en los medios, con su discurso moralista y anticorrupción, pero esto la golpeó, a pesar de todos los intentos de silenciarlo.

–¿Cómo tomaste las resoluciones judiciales de los últimos días?

–Sentí un poco más de alivio, algo parecido a la justicia. Fue un proceso largo y complejo, que aún no terminó. Fue muy duro para un grupo de personas sin empleo formal, sin ingresos garantizados, tener que desplazarse hasta La Plata infinidad de veces. Muchos viven al día, el día que no trabajan no comen. Una vez, para una prueba caligráfica, nos hicieron escribir el preámbulo, muchos no estaban alfabetizados, fue duro. Aún así, hubo todo tipo de experiencias, gente en la justicia que nos trató muy bien. Nosotros decidimos ir a fondo con este reclamo: no sólo violentaron nuestra identidad, también nuestra intimidad. No les bastó con dibujar esas donaciones, también nos afiliaron al Pro. Yo tengo tatuajes de Néstor y Cristina, tengo el pañuelo de Madres, pero estoy afiliada al Pro.

–¿Seguís afiliada?

–Sí, por consejo legal. Si yo me desafilio, técnicamente estoy reconociendo como legítima la afiliación trucha que me hicieron, así que no me voy a desafiliar hasta que todo esto se resuelva. Una vez fui a un local del Pro a que me dejaran ver mi ficha, pero se dieron cuenta de quién era. Ella en ese momento tenía mucho poder: había mil pruebas, pero nadie hablaba del tema, los medios miraban para otro lado. Es la misma gobernadora que dijo en público “sabemos que los pobres no llegan a la universidad”. ¿Cómo que no? Ponele que lo pensás realmente. Pero ¿decirlo en público? Sonó casi a amenaza, “no vayan a la universidad”.

–Pero vos si fuiste y sos licenciada en Justicia y Derechos Humanos, ¿cómo es esa historia?

–Yo tuve que dejar la secundaria porque quedé embarazada de mi hija mayor siendo muy joven. Muchos años después, pude retomar y terminar gracias al FinEs, que tenía una sede acá en mi barrio (N de la R: plan implementado en 2008 por el gobierno nacional, para facilitar que los mayores de edad terminen sus estudios secundarios, de manera semi presencial). Después accedí al “Ellas hacen”, que permitía que las madres de tres o más hijos, hijos con alguna discapacidad o en situaciones de violencia tuvieran un ingreso para estudiar. En la UNLa me anoté primero en Trabajo Social y ya había empezado a cursar cuando me enteré de la existencia de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos. Miré el plan de estudios, los contenidos, y era justo lo que quería, así que me cambié de carrera en 2015.

–¿Y cómo influyó en tus decisiones y en tu reclamo de Justicia esa experiencia académica? Porque parece que estuvieras predestinada…

–Gracias a mi carrera, puedo leer y entender un escrito o un oficio judicial, puedo armar o bosquejar un escrito, un montón de cosas. Ahora tengo herramientas para reclamar justicia. Por ejemplo, tengo claro que si no se resuelve acá, vamos a seguir litigando a nivel internacional, en la CIDH. También quiero destacar el rol del director de la carrera, el doctor Luis Hipólito Alen. Cuando le conté lo que pasaba, él decidió acompañarnos y patrocinarnos, sigue al lado nuestro, nunca cobró un peso. A la vez, la universidad me dio una perspectiva clara de todos los derechos humanos que son vulnerados: me hablan del derecho a la alimentación y en mi barrio a veces se come de a basura. ¿Entonces? También quiero agradecer a Juan Amorín, que fue el primero en interesarse por el tema, desde un canal de Youtube, cuando los medios lo ignoraron.

–¿Cómo sigue la causa?

–Las irregularidades están confirmadas por la Cámara Nacional Electoral y ahora el juez (Alejo) Ramos Padilla tiene que analizar qué rol jugó cada persona.

–Vidal también fue denunciada por una propiedad cuyo origen no pudo explicar. ¿Pensás que hay relación entre ambas cosas? Y además, ¿pensás que finalmente pagó costos políticos?

–Tuvo que entregar a Fernanda Inza, su contadora, de máxima confianza, para frenar el tema. Inza fue su fusible. Ellos hicieron un vaciamiento tan grande, en nación y provincia, durante sus cuatro años de gobierno, que seguramente tienen fondos para comprarse todos los departamentos que quieran. Lo que no pudieron comprar es el silencio de Villa Itatí. Ella tenía ambiciones presidenciales, creo que este escándalo de alguna manera fue un punto de inflexión. No fue candidata a presidenta, perdió la reelección y se tuvo que refugiar en la ciudad de Buenos Aires. No me alcanza. Hace unos años yo no hablaba del tema con la misma firmeza ni la misma convicción. Ahora lo tengo claro. El objetivo es que la inhabiliten de por vida para ejercer cargos públicos.

Fuente: Página12.

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